La fuga de El Chapo y la política desinformativa del Gobierno de la República
El video dado a conocer a la opinión pública por el conductor del noticiero matutino de Televisa, Carlos Loret, ha sido útil para muchas cuestiones; una de ellas ha consistido en comprobar la política desinformativa que aplica el Gobierno del Presidente Enrique Peña. Los funcionarios responsables parecieron no conocer inicialmente los detalles de la fuga, afirmando que la responsabilidad de las negligencias se circunscribía sólo en un determinado nivel operativo de servidores públicos, sin la intervención y participación de servidores de niveles superiores de la administración pública.
En la información sobre el asunto dada a conocer tanto por el Presidente de la República, como por el Secretario de Gobernación y el Comisionado de Seguridad Nacional en las varias conferencias de prensa, observamos el sentido, el sin sentido, y el contra sentido de los contenidos; los medios de comunicación han difundido esas informaciones, y en su revisión detectamos diversos puntos en que afirman primero una cosa, que posteriormente es negada por una nueva información.
Algunos de los elementos informativos son los siguientes: que el Cefereso El Altiplano cumple con todos los requerimientos internacionales de operación y certificación; que serán castigados todos los funcionarios involucrados en la fuga y no habrá impunidad; que (las fugas) “son cosas que pasan” (Osorio Chong, LJ, 14 julio); que no hubo ruidos sospechosos en la celda del interno, y que la perforación del piso se hizo con ácidos; que el comportamiento del fugado era normal como de cualquier interno que se dispone a dormir; que la cámara de vigilancia tiene puntos ciegos debido al respeto de los derechos humanos; que se revisará si existió incumplimiento, retraso u omisión en la aplicación de los protocolos carcelarios (LJ, 15 julio); que la alerta se dio de manera inmediata, que al Presidente se le informaba que se estaba haciendo la vigilancia correspondiente, y que funcionarios federales consumaron una traición y van por ellos (LJ, 17 julio), etcétera.
De esta forma, el video dado a conocer por Loret es ilustrador de cómo sucedieron las cosas por un lado, y cómo nos las dieron a conocer los funcionarios por otro; respecto a los ‘funcionarios traidores’, es oportuno revisar cómo funciona la administración pública en México.
Algunas características del funcionamiento son las siguientes: Los jefes y el personal operativo saben que no pueden hacer algo fuera de lo que les han determinado hacer; y que si llevan a cabo algo fuera de lo determinado, se exponen a perder su empleo. Los escalones operativos se van articulando hasta llegar a las cabezas y titulares de dependencias: si las instrucciones de trabajo se rompen en alguno de los niveles jerárquicos, arriesgan su puesto de trabajo, ya que el jefe inmediato superior está en capacidad inmediata de retirarlos.
La alteración en las instrucciones de trabajo se lleva a cabo, por lo tanto, sólo cuando el jefe inmediato superior conoce y consiente la violación a ellas, es decir está de acuerdo; todo titular de dependencia y de oficina se muestra cuidadoso de lo que sucede en su ámbito de competencia, y considera obligado evitar todo aquello que lo haga quedar mal ante el superior, por el riesgo de caer en enemistad y perder su confianza.
Consecuentemente, si en algún nivel de la administración pública se presentan violaciones reiteradas a las instrucciones de trabajo recibidas, significa que el consentimiento de dichas violaciones va recorriendo la estructura jerárquica hasta llegar a las cabezas (el Presidente Peña afirmó después de la segunda detención de Guzmán que sería imperdonable que se volviera a fugar, por lo que le encomendó expresamente al Secretario de Gobernación su resguardo). Es por ello que en casos como los observados en la fuga de El Chapo, las presuntas responsabilidades difícilmente podrían conservarse sólo en los niveles operativos de los Ceferesos, por lo que las responsabilidades están articuladas hasta los niveles superiores que incluyen al Comisionado de Seguridad Nacional y al mismo Secretario de Gobernación, si no es que más arriba.
En este punto, por lo tanto, ¿cómo podemos explicar que Osorio y Rubido hayan informado los hechos de la fuga de El Chapo en estos términos, que después fueron desmentidos? O será que, efectivamente, ¿la supuesta política desinformativa hacia la sociedad es un hecho? ¿Los ciudadanos conocemos mejor la información de fuentes extranjeras que de las fuentes nacionales?
Una pregunta más: ¿cuáles son los límites legales de la confidencialidad de la información de una investigación, como la fuga de El Chapo? Una primera respuesta sería que también marca límite la diferencia entre la verdad y la mentira.
Los ciudadanos tenemos dificultad en precisar el criterio utilizado por las autoridades para el manejo de la información: en unos casos nos dan hasta detalles, mientras que en otros nos responden que debido a lo establecido en el artículo 60 de la Ley de Seguridad Nacional, no pueden dar información (Carta del Comisionado Nacional de Seguridad, Renato Sales, al Senador Alejandro Encinas).
En este contexto de desinformación y de confidencialidades, la reacción del Gobierno de la República por la difusión del último video de la fuga de Guzmán se dio, no en el sentido de responder a la comprobación que la sociedad mexicana hizo de las verdades-mentiras de la fuga, sino en el sentido de buscar al responsable “de la difusión ilegal de pruebas que aún están sujetas a líneas de investigación abiertas” (Comisionado, misma carta).
En este caso persiste la duda de si la segunda detención de este delincuente fue producto de las negociaciones que, según testimonios de priistas como Sócrates Rizzo García, solían hacer los gobiernos con los narcotraficantes –para que hubiera paz y no se dañara a la población-, negociación que incluiría la nueva fuga (Recordemos que la primera fuga se dio a mes y medio de iniciada la nueva administración, y que existe información pública de que desde meses antes se preparó y se operó).
De Política una Opinión: Abelardo Reyes